La equidad salarial se ha convertido en un tema prioritario para empresas y gobiernos en todo el mundo. En España, dos herramientas clave ayudan a garantizar la igualdad retributiva: el registro retributivo y la auditoría retributiva. Ambas tienen fundamentos legales y prácticos esenciales para combatir la discriminación salarial, pero ¿qué las diferencia realmente?
Las dos herramientas derivan de la legislación española y europea enfocada en garantizar la igualdad de género. Entre las leyes relevantes se encuentran:
El registro retributivo es una herramienta que recopila información salarial desglosada por género. Su objetivo principal es garantizar la transparencia y facilitar la detección de brechas salariales injustificadas dentro de las empresas.
Este registro salarial es obligatorio para todas las empresas en España, independientemente de su tamaño.
El registro retributivo debe incluir:
La auditoría retributiva, por otro lado, va más allá de recopilar datos. Es un análisis integral que identifica, evalúa y corrige desigualdades salariales en una organización. Incluye una evaluación de los sistemas de retribución y un plan de acción para abordar las diferencias identificadas.
En el proceso de la auditoría salarial no pueden faltar las siguientes fases:
Son las empresas con más de 50 empleados las están obligadas a realizar auditorías retributivas como parte de su plan de igualdad.
Diferencias en: | Registro Retributivo | Auditoría Retributiva |
---|---|---|
Propósito | Transparencia en salarios | Evaluación y corrección de desigualdades |
Obligatoriedad | Todas las empresas | Solo empresas con más de 50 empleados |
Periodicidad | Actualización anual | Frecuencia según el plan de igualdad |
Alcance | Datos salariales | Políticas y sistemas retributivos |
Comprender la diferencia entre el registro retributivo y la auditoría retributiva es esencial para garantizar el cumplimiento legal. Ambas herramientas son complementarias y necesarias para combatir la discriminación salarial y fomentar un entorno laboral más justo. Su correcta implementación no solo evita sanciones legales, sino que también contribuye a mejorar la reputación de las empresas y la confianza de sus empleados.
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