Tras 20 años de desacuerdo, en abril de 2016 se firmó el primer convenio colectivo sobre el sector metalúrgico, en el cual estuvieron presentes los sindicatos de CCOO y UGT. Se calcula que este acuerdo afectará a millón de empleados ubicados en unas 250.000 empresas. Sin embargo, apenas 4 meses después su firma, ya han surgido las primeras modificaciones.

Entre los aspectos más destacados de este convenio se encuentra la incorporación de la tarjeta obligatoria que acredita ser especialista en metalurgia y sin la cual no es posible desempeñar las funciones propias. Asimismo, esto sirve como medida fundamental para implementar la prevención de riesgos laborales, cuyo índice de accidentes se encuentra entre los más elevados. Con esta normativa se pretende reducir no sólo el número de lesiones, sino también de fallecimientos, drásticamente frecuente.

Otro de los factores relevantes hace referencia al salario mínimo, disponiendo de un importe fijo basado en el ámbito en el cual se hallen, y regido por los convenios provinciales. Esto también afecta a la igualdad en las empresas, con un compromiso de paridad en el trabajo y la no discriminación gracias a la creación de la Comisión Sectorial por la Igualdad.

No obstante, a pesar de todos estos avances, el Ministerio de Educación ha obligado a realizar una serie de modificaciones en el convenio del metal. De hecho, una de las variaciones realizadas afecta al salario mínimo, por lo que actualmente el saldo puede ser establecido según la provincia o por aquel que imponga la compañía.

Se calcula que una cuarta parte de los trabajadores se verán afectados por esta nueva normativa, ya que casi 200.000 poseen su propio convenio, agrupados en 600 empresas a lo largo de todo el territorio nacional. Lo mismo sucede con la denominada ultraactividad, la cual permitía que no finalizase de manera obligatoria un contrato tras el paso de un año.