El gobierno aprueba el plan reincorpora-t para reducir el desempleo de larga duración

El Plan Reincorpora-t nace como medida de protección a favor de los desempleados de larga duración y se trata de un plan trienal (2019-2021) para prevenir y reducir el desempleo de este colectivo. Una iniciativa aprobada el pasado 05 de abril en Consejo de Ministros.

Ya el pasado 8 de marzo, a través del “Real Decreto-Ley 8/2019,”, se autorizaron otras medidas de protección para este sector, como bonificaciones a la contratación de parados de larga duración, de 1.300 euros anuales por la contratación de hombres y de 1.500 euros anuales, por la contratación de mujeres, además de, ser rescatado el subsidio por desempleo de mayores de 52 años.

¿Qué objetivos persigue este Plan Reincorpora-t?

Promocionar acciones para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas de larga duración

Con este plan de 63 medidas, se pretenden alcanzar acuerdos entre los Gobiernos y las Administraciones Públicas para incluir cláusulas de carácter social en los contratos del Sector Público, que garanticen la contratación de entre un 5% y un 10% de los desempleados de larga duración de más de 45 años.

En colaboración con los servicios sociales, se deberán poner a disposición de estos desempleados unos itinerarios individualizados de inserción en el mercado laboral, pudiendo elegir un orientador de referencia, que les guíe en su recualificación profesional y les ayude en su búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

Desarrollar acciones preventivas para el paro de larga duración.

A.- Se atenderá de forma inmediata a las personas afectadas por despidos colectivos (ERE), a través de un “plan de recolocación externa” (PREX) llevado a cabo por una empresa de recolocación autorizada.

B.- Las empresas con creación de empleo que incorporen y mantengan de forma estable un porcentaje de parados de larga duración superior al 10%, se bonificarán con una ampliación de su crédito formativo del 5% para el ejercicio siguiente, en el que se cumpla tal condición.

C.- Entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía y Empresa se van a estudiar nuevos incentivos fiscales, como posibles deducciones por la creación de empleo estable para parados de larga duración.

¿Qué justifica la aprobación de este plan tan ambicioso?

1.- La protección de los sectores sociales más vulnerables:

🔸Las mujeres mayores de 45 años

🔸Las personas con algún tipo de discapacidad.

🔸Los desempleados en el medio rural.

2.- La reducción de la tasa de paro.

La tasa de paro de larga duración de mayores de 30 años es del 6,8%, según la última Encuesta de Población Activa. Se pretende que disminuya hasta el 4,3% en el 4º trimestre de 2021, que significaría una reducción neta de 422.100 personas desempleadas en este sector.

3.- Mitigar la brecha laboral de género entre hombres y mujeres desempleados de larga duración.

Conseguir que baje del 11,6% actual, hasta el 5,3%, constituyendo la minoración del paro de larga duración en 259.700 mujeres.

4.- Disminuir el número de desempleados de más de 24 meses, en un 12%.

¿Cuáles son las medidas aprobadas?

Las medidas aprobadas se agrupan en seis bloques:

🔸16 medidas para la orientación, para mejorar la red de orientadores.

🔸7 medidas para la formación, para mejorar el desarrollo de competencias digitales.

🔸23 medidas para lograr mayor compromiso de las empresas y el impulso de políticas activas que incentiven la contratación de los parados de larga duración.

🔸3 medidas para la igualdad de oportunidades, que disminuyan la brecha laboral de género, con apoyos al ámbito rural y al entorno doméstico.

🔸6 medidas para el emprendimiento, orientada a la promoción del autoempleo y el emprendimiento colectivo.

🔸8 medidas para mejorar el marco institucional, deberá existir coordinación entre los Servicios sociales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como, mejorar los servicios de empleo.

¿Son vinculantes las medidas acordadas?

Este plan nace de la colaboración de algunos ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Organizaciones Empresariales y Sindicatos.

Más que medidas vinculantes, se trataría de recomendaciones a poner en práctica por las Comunidades Autónomas.

Para poder cumplir con este plan, se pide a las autonomías un importante nivel de compromiso en su aplicación, además de, que garanticen la igualdad de oportunidades entre los desempleados de larga duración en todos los territorios peninsulares.

Algunas voces sindicales, han querido poner de manifiesto la dudosa aplicabilidad de este plan, sin la previa derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Defienden que este plan contiene medidas de lucha contra la precariedad laboral que están fuera del ámbito de actuación de las políticas de empleo, y que sólo pueden ser abordadas con una importante reforma laboral, que garantice su aplicación y la igualdad entre las diferentes Comunidades Autónomas. Igualmente, requieren al Gobierno, una reserva de crédito que garantice los recursos destinados a cumplir con este plan, previstos en 1.313 millones de euros.